Por: Redacción

Organizaciones de salud mental y especialistas señalan que, siete años después de la aprobación de la Ley 3.594 en la provincia de Santa Cruz, las medidas para cumplir la adhesión a la Ley Nacional 27.130 no se han materializado de forma suficiente. 

La ausencia de presupuesto específico y de un plan operativo detallado dificulta la implementación de políticas de prevención del suicidio, atención en crisis y fortalecimiento de redes de apoyo. Este informe sintetiza marco normativo, situación actual, brechas identificadas y recomendaciones dirigidas a las autoridades provinciales para avanzar hacia una implementación verificable y sostenible.

1. Antecedentes y marco normativo

• Ley 3.594 (Santa Cruz, aprobada 2018): Establece un marco provincial para la prevención del suicidio y la atención en salud mental, definiendo responsabilidades, coordinaciones institucionales y acciones prioritarias dentro de la provincia.
• Ley Nacional 27.130 (federal): Política pública integral para la prevención del suicidio, que incluye sensibilización, vigilancia epidemiológica, capacitación de personal, atención en crisis y, de manera central, la asignación de recursos presupuestarios para programas de salud mental.
• Relación entre ambas: La Ley 3.594 busca alinear las políticas locales con las directrices nacionales y facilitar la ejecución de programas de salud mental y prevención del suicidio, mediante un marco de coordinación interinstitucional y una base normativa compartida.
• Riesgo jurídico y de derechos: La implementación incompleta genera vulneraciones a derechos de las personas en riesgo y puede exponer a la provincia a observaciones de organismos de derechos humanos y de salud.

2. Situación actual y denuncias de actores clave

• Diagnóstico general: Organizaciones de salud mental y especialistas denuncian que, a siete años de la aprobación, las medidas necesarias para cumplir la adhesión a la Ley Nacional 27.130 no se han implementado de manera plena.
• Principales motivos señalados: Falta de presupuesto extraordinario específico para salud mental; ausencia de planes operativos, cronogramas públicos y metas verificables; debilidades en la coordinación entre salud, educación, desarrollo social y seguridad social.
• Impacto en la población: Persisten deficiencias en atención de crisis, limitaciones en redes de apoyo comunitario y demoras en acceso a servicios especializados, con mayor vulnerabilidad para grupos en situación de riesgo y sus familias.
• Crítica a la gestión pública: Se cuestiona la priorización de otras áreas frente a la salud mental y la prevención del suicidio, así como la falta de transparencia y de mecanismos de rendición de cuentas sobre avances y recursos asignados de gestiones anteriores.

3. Elementos técnicos y operativos necesarios para la adhesión

• Presupuesto específico: Asignación de recursos dedicados y, cuando corresponda, presupuesto extraordinario, para garantizar la implementación de las acciones previstas en la Ley 27.130.
• Planificación operativa: Elaboración de un plan de acción con metas claras, responsables designados, cronogramas y indicadores de desempeño publicables.
• Coordinación interinstitucional: Integración entre los ministerios de salud, educación, desarrollo social y seguridad, con roles definidos y puntos de contacto institucionales.
• Fortalecimiento de redes: Desarrollo de redes de apoyo comunitario, atención en crisis, líneas de ayuda y servicios de intervención temprana, especialmente en zonas con menor cobertura.
• Vigilancia y datos: Implementación o fortalecimiento de sistemas de monitoreo, recopilación de indicadores (p. ej., tiempos de respuesta en crisis, número de profesionales capacitados, cobertura de líneas de ayuda) y publicación de informes periódicos.
• Participación ciudadana y transparencia: Mecanismos de consulta, auditoría social y rendición de cuentas para evaluar avances y ajustar políticas.

4. Actores involucrados

• Organizaciones de salud mental: Actúan como demandantes de cumplimiento normativo, definiciones de estándares y fiscalización de recursos.
• Especialistas y académia: Proponen marcos técnicos, indicadores y metodologías de evaluación.
• Gobierno provincial: Responsables de la ejecución, asignación presupuestaria y rendición de cuentas ante la ciudadanía.
• Usuarios y comunidades: Personas en riesgo, familiares y redes comunitarias que requieren servicios estables y accesibles.