Por: Redacción

Pico Truncado. El intendente municipal Pablo Anabalón vetó la Ordenanza N° 2256/2025, aprobada por el Honorable Concejo Deliberante, que proponía ampliar la cantidad y el tipo de productos incluidos en los módulos alimentarios que entrega el Municipio. La decisión fue formalizada mediante el Decreto Municipal N° 4697, fechado el 30 de diciembre de 2025, y se apoya en fundamentos técnicos, sanitarios y operativos que buscan preservar la seguridad alimentaria de los beneficiarios.
Desde el Departamento Ejecutivo Municipal se explicó que la iniciativa del Concejo, si bien bienintencionada, no resulta viable en las condiciones actuales. La incorporación obligatoria de alimentos frescos y de alto valor proteico —como carnes, lácteos o productos perecederos— requiere una infraestructura específica que el Municipio hoy no puede garantizar de manera continua y verificable.
Entre los principales argumentos del veto se destacan la imposibilidad de asegurar la cadena de frío, la falta de equipamiento adecuado en los espacios de almacenamiento y distribución, y los riesgos sanitarios que podrían derivarse de una manipulación inadecuada de este tipo de alimentos. “La prioridad es cuidar la salud de las familias asistidas y no exponerlas a riesgos innecesarios”, señalaron fuentes del Ejecutivo.
Asimismo, el decreto remarca que la Secretaría de Desarrollo Social ya viene realizando mejoras progresivas en los módulos alimentarios. Actualmente, los bolsones contienen 17 productos, y se encuentran en gestión dos incorporaciones adicionales que permitirán alcanzar un total de 19 productos variados, dentro de un esquema que sí puede ser garantizado desde lo operativo y sanitario.
Otro punto clave considerado por el Ejecutivo es que muchos de los beneficiarios de la asistencia municipal también acceden a programas provinciales y nacionales, como la Tarjeta Social y la Tarjeta Alimentar, que permiten la compra directa de alimentos frescos, respetando la autonomía familiar y fortaleciendo el acceso a una dieta diversa.
El intendente Anabalón subrayó que el veto no implica desatender la problemática alimentaria, sino ejercer una decisión responsable en el marco de la Ley N° 55, priorizando políticas públicas sostenibles y seguras. En ese sentido, el Ejecutivo dejó abierta la posibilidad de evaluar alternativas futuras que mejoren el perfil nutricional de los módulos, siempre que existan las condiciones materiales y logísticas necesarias.
Con esta decisión, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con una gestión responsable, basada en criterios técnicos y en el cuidado integral de la comunidad, evitando medidas que, aunque bien intencionadas, podrían generar consecuencias negativas en la práctica.