La Municipalidad de Pico Truncado vuelve a quedar en el centro de la polémica tras la detección de graves irregularidades en el área de Rentas. Lo que comenzó como un trámite administrativo para la restitución de un vehículo secuestrado por alcoholemia positiva —con un conductor reincidente— terminó destapando una situación mucho más profunda y preocupante.

El hecho se desencadenó cuando el infractor, luego de abonar una suma millonaria, se presentó con su comprobante de pago para retirar su vehículo. Sin embargo, un empleado municipal detectó una anomalía determinante en el sistema: la operación figuraba como anulada y el dinero habría sido devuelto, pese a que el ticket seguía en poder del contribuyente.

Ante esta inconsistencia, se ordenó de inmediato no entregar el vehículo. A partir de allí, el caso escaló rápidamente. La funcionaria del área de Rentas presuntamente involucrada, al verse expuesta, solicitó licencia, un movimiento que no pasó desapercibido y que genera fuertes cuestionamientos.

La investigación interna iniciada posteriormente habría detectado un patrón reiterado en los últimos meses: borrado de deudas impositivas, eliminación de multas de tránsito y emisión irregular de certificados de libre deuda. Prácticas que, de confirmarse, no solo comprometen a una persona sino que abren la puerta a una estructura mucho más amplia.

Desde el Ejecutivo Municipal se reconocieron “serias irregularidades” y se dispuso la apertura de un sumario administrativo para determinar responsabilidades y posibles conexiones. Sin embargo, el contexto agrava aún más la situación: apenas 13 días atrás, otro escándalo de características similares había sacudido al área de Desarrollo Social.

La repetición de estos hechos plantea una pregunta inevitable: ¿se trata de casos aislados o de una falla estructural en los controles del Estado municipal? Y más aún, ¿cómo es posible que, ante situaciones de esta magnitud, los implicados recurran a licencias en lugar de enfrentar de inmediato las consecuencias administrativas y judiciales?

El silencio, la falta de respuestas claras y la reiteración de escándalos empiezan a erosionar la credibilidad institucional. En este escenario, la sociedad de Pico Truncado exige algo más que sumarios: demanda transparencia, explicaciones concretas y decisiones firmes que garanticen que los recursos públicos no sean manipulados ni utilizados de manera irregular.

Porque cuando los hechos se repiten, la duda deja de ser una sospecha y se convierte en un problema político de fondo.