La falta de lectura de leyes, la liviandad institucional y los conflictos políticos internos terminan impactando directamente en la vida cotidiana de quienes sostienen el municipio. No es solo un bono vetado: es una muestra más de una gestión que evidencia desinformación, desinterés y una alarmante desconexión con la realidad.

Otra vez la historia de siempre: el ajuste cae sobre los mismos. El veto al bono para los trabajadores municipales no es solo una decisión administrativa, es un golpe directo a quienes sostienen el funcionamiento diario de la ciudad con sueldos que ya vienen quedando atrás hace tiempo.

Mientras tanto, lo que realmente indigna no es solo el veto en sí, sino el contraste. Se pide “responsabilidad” cuando se trata de mejorar el bolsillo del empleado, pero sobran dudas cuando se habla de manejos irregulares, del uso poco claro de tarjetas sociales, de denuncias de aprietes y amenazas, o de episodios graves como el robo en la Secretaría de Rentas. Ahí parece no haber la misma urgencia ni la misma firmeza.

El trabajador municipal está cansado de ser la variable de ajuste. Cansado de promesas, de ser ignorado, de cobrar mal y tarde, y ahora también de que le nieguen un alivio mínimo en un contexto económico que no da respiro.

Y como si fuera poco, la dirigencia sigue enfrascada en internas y peleas políticas, incluso con el propio gobierno provincial, perdiendo tiempo valioso que debería destinarse a resolver los problemas reales de la gente.

No se puede construir gestión castigando siempre al que menos tiene. Si hay que ordenar, que empiece por la transparencia, por rendir cuentas claras y por terminar con las prácticas que tanto daño hacen. Porque gobernar no es vetar derechos: es priorizar a la gente.