La Justicia avanzó en la investigación de presuntos hechos ocurridos en el ámbito del Concejo Deliberante de Pico Truncado y resolvió imputar formalmente a cinco personas que ocuparon o mantienen cargos políticos e institucionales.

La denuncia fue presentada por el concejal Carlos Morón y tuvo como base declaraciones públicas realizadas por la exsecretaria general del Concejo Deliberante, Cinthia González. A partir de esos testimonios se conformó el expediente judicial N.º 63046, en el que se investigan presuntas irregularidades vinculadas al manejo de la administración pública.

Entre las personas imputadas se encuentra el actual diputado por el pueblo, José Luis Quiroga, quien habría desempeñado funciones como presidente del Concejo Deliberante durante parte del período bajo investigación. De acuerdo con la resolución judicial, los hechos investigados habrían continuado durante la posterior presidencia de Nadir Tamara Vera.

Es importante aclarar que la imputación constituye una atribución formal y provisoria dentro de una investigación penal. No implica una condena ni determina responsabilidad definitiva. Todas las personas imputadas conservan el derecho a ejercer su defensa y a ser consideradas inocentes hasta que exista una sentencia firme.

¿QUÉ DELITOS LE IMPUTAN A CADA PERSONA?

JOSÉ LUIS QUIROGA – ACTUAL DIPUTADO POR EL PUEBLO

José Luis Quiroga fue imputado provisoriamente por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y exacciones ilegales en concurso real, en carácter de autor.

Según la resolución, deberá designar un defensor o defensora particular de su confianza dentro de los tres días corridos desde la notificación. En caso de no hacerlo, se le asignará la defensa oficial correspondiente.

La imputación se relaciona con hechos que presuntamente habrían ocurrido durante su gestión como presidente del Concejo Deliberante.

AYUNTUE QUIROGA – HIJA DEL ACTUAL DIPUTADO

Ayuntue Quiroga fue imputada provisoriamente por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, en carácter de autora.

También deberá designar defensa particular dentro del plazo establecido o se le asignará un defensor oficial.

NICOLE ALEJANDRA DÍAZ

Nicole Alejandra Díaz fue imputada provisoriamente por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, en carácter de autora.

La Justicia le notificó los derechos correspondientes y dispuso que deberá constituir domicilio ante los estrados del Juzgado.

LAURA DEL ROSARIO CHOSCO – EXSECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO DELIBERANTE

Laura del Rosario Chosco fue imputada provisoriamente por los delitos de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, en concurso ideal.

La investigación busca determinar si existieron conductas que pudieran haber afectado el correcto funcionamiento de la administración pública y el cumplimiento de las obligaciones inherentes a los cargos ejercidos.

NADIR TAMARA VERA – EXPRESIDENTA DEL CONCEJO DELIBERANTE

Nadir Tamara Vera fue imputada provisoriamente por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y exacciones ilegales en concurso real, en carácter de partícipe necesaria.

Los hechos investigados estarían vinculados al período en el que ejerció la presidencia del Concejo Deliberante.

CITARON A DECLARAR A CINTHIA GONZÁLEZ

En el marco de la causa, la Justicia también resolvió citar a prestar declaración testimonial a Cinthia González, conforme a los artículos 223, 224 y 225 del Código Procesal Penal.

La convocatoria establece que deberá comparecer ante la Justicia y advierte que, ante una inasistencia injustificada, podría ser conducida mediante el auxilio de la fuerza pública.

Además, se dispuso librar un oficio al director de FM Ciudad para solicitar la remisión de la totalidad de las entrevistas radiales y de los registros audiovisuales en los que Cinthia González habría relatado distintos hechos ocurridos dentro del Concejo Deliberante de Pico Truncado.

El material requerido podría incorporarse a la investigación como parte de las medidas probatorias destinadas a determinar qué ocurrió y establecer las eventuales responsabilidades penales.

CUANDO LA POLÍTICA DEBE RENDIR CUENTAS

La imputación de funcionarios y exfuncionarios por presuntos delitos vinculados a la administración pública representa un hecho institucional de enorme gravedad para Pico Truncado.

No se trata de una discusión partidaria, de una diferencia política ni de una simple denuncia mediática. Existe una causa judicial en marcha, personas formalmente imputadas y delitos provisorios que deberán ser investigados con seriedad, independencia y transparencia.

Durante años, muchos dirigentes utilizaron los cargos públicos como si fueran espacios privados, olvidando que cada función institucional implica una responsabilidad frente a toda la comunidad. Los recursos públicos no pertenecen a los funcionarios, a los partidos políticos ni a quienes circunstancialmente administran una institución: pertenecen al pueblo.

Si la investigación confirma que existieron maniobras fraudulentas, cobros ilegales, utilización indebida de recursos o abuso de autoridad, estaremos frente a hechos que no pueden justificarse, relativizarse ni esconderse detrás de banderas políticas.

La corrupción no solamente vacía las cuentas públicas. También destruye la confianza, debilita las instituciones y genera indignación en una sociedad que todos los días enfrenta dificultades económicas, falta de oportunidades y necesidades que deberían ser atendidas con recursos administrados de manera responsable.

Quienes ejercieron funciones públicas tienen la obligación de explicar sus actos. Y quienes hoy continúan ocupando cargos políticos deben responder ante la Justicia y ante la comunidad con absoluta claridad.

La presunción de inocencia debe respetarse y será la Justicia la que determine si existen responsabilidades penales. Pero el silencio político, la falta de explicaciones y cualquier intento de minimizar la gravedad de la causa solo profundizarían la desconfianza de la sociedad.

Pico Truncado necesita instituciones transparentes, funcionarios responsables y una Justicia que investigue sin privilegios ni condicionamientos.

Porque cuando se sospecha que el poder pudo haber sido utilizado en perjuicio del Estado, la respuesta no puede ser el encubrimiento ni la protección corporativa.

La respuesta debe ser una sola:

QUE SE INVESTIGUE TODO. QUE SE CONOZCA LA VERDAD. Y QUE, SI EXISTIERON DELITOS, LOS RESPONSABLES RINDAN CUENTAS ANTE LA JUSTICIA.