La Justicia penal resolvió dictar el procesamiento con prisión preventiva de Gastón Miguel Mercado y Roxana Marisel Soto, acusados de manera provisoria como presuntos coautores de una serie de graves hechos investigados en perjuicio de dos hermanos menores de edad.

De acuerdo con la resolución judicial, ambos fueron procesados por los delitos de reducción a la servidumbre, privación ilegítima de la libertad agravada por violencias y amenazas, lesiones graves y abandono de persona agravado por el vínculo y por el deber legal de cuidado, todos ellos bajo las reglas del concurso real de delitos.

La medida representa un avance relevante dentro de la investigación, aunque el procesamiento no constituye una condena ni implica una declaración definitiva de culpabilidad. La responsabilidad penal de los imputados deberá ser determinada en las etapas posteriores del proceso judicial.

Los delitos atribuidos

Según surge de la resolución, a Gastón Miguel Mercado se le atribuye, en carácter de presunto coautor penalmente responsable, la posible comisión de los siguientes delitos:

• Reducción a la servidumbre, contemplada en el artículo 140 del Código Penal.
• Privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida mediante violencias y amenazas, conforme a los artículos 141 y 142, inciso 1°.
• Lesiones graves, previstas en el artículo 90.
• Abandono de persona agravado por el vínculo y por el deber legal de cuidado, contemplado en los artículos 106 y 107.

La misma calificación legal fue atribuida provisoriamente a Roxana Marisel Soto, también en calidad de presunta coautora y bajo la figura del concurso real, conforme a los artículos 45 y 55 del Código Penal.

Además, el tribunal ordenó embargar los bienes de cada uno de los imputados por la suma de $13.805.700.

La niña logró escapar y pidió ayuda para salvar a su hermano

El caso salió a la luz el 26 de mayo de 2026, cuando una niña de 7 años logró salir de la vivienda durante la noche y pidió ayuda y alimentos. De acuerdo con los elementos incorporados a la causa, la menor solicitó además que rescataran a su hermano de 5 años.

La investigación formal analiza hechos que habrían ocurrido, al menos, entre enero y el 26 de mayo de este año. Sin embargo, las evaluaciones médicas incorporadas al expediente habrían detectado signos compatibles con un deterioro físico y un retraso en el crecimiento que se habrían extendido durante un período anterior.

Una habitación cerrada y un sistema de vigilancia

Según la hipótesis investigativa, los hermanos habrían permanecido encerrados en una habitación cuya puerta era bloqueada mediante una escalera colocada como traba.

La causa también señala que en la vivienda se habría instalado un sistema de videovigilancia destinado a controlar los movimientos de los menores y limitar cualquier posibilidad de contacto con el exterior.

Entre los hechos bajo investigación se encuentra además la presunta prohibición de asistir a la escuela, situación que abrió interrogantes sobre la intervención de los organismos y protocolos vinculados con la deserción escolar y la protección integral de niños, niñas y adolescentes.

Golpes, castigos y presuntas maniobras de sometimiento

La resolución judicial describe una serie de presuntas agresiones físicas y psicológicas que habrían sido reiteradas. Entre ellas se investigan golpes con las manos y cinturones, tirones de cabello que habrían provocado la pérdida de mechones, lesiones y sangrado, además de castigos degradantes y amenazas vinculadas al reclamo de alimentos.

También se investigan posibles acciones destinadas a afectar la identidad y los vínculos familiares de los menores. Según consta en la causa, los niños habrían sido obligados mediante violencia y manipulación a reconocer al padrastro como figura paterna, mientras que se habrían destruido recuerdos y objetos pertenecientes a su padre biológico fallecido.

Estos hechos forman parte de la hipótesis judicial y deberán ser analizados durante el avance del proceso, con respeto por el debido proceso y el derecho de defensa de los imputados.

El grave estado de salud constatado durante el rescate

Al momento de la intervención, los estudios médicos habrían constatado un cuadro de desnutrición proteico-calórica crónica reagudizada, anemia de moderada a severa, parasitosis intestinal y retraso ponderoestatural.

Los informes médicos se incorporaron como elementos relevantes dentro de la investigación y serán evaluados junto con el resto de las pruebas reunidas.

El caso también generó cuestionamientos sobre el funcionamiento de los mecanismos institucionales de detección y protección, especialmente ante la prolongada inasistencia escolar de la niña y la eventual falta de alertas por parte de organismos, familiares o integrantes del entorno social.

Prisión preventiva y situación provisoria de Soto

En relación con la situación de Roxana Marisel Soto, el tribunal ordenó librar un oficio urgente a la Dirección Regional Norte de Policía para que informe sobre la disponibilidad de cupos en una dependencia habilitada para el alojamiento de mujeres detenidas.

Mientras se resuelve esa situación, la Justicia dispuso que la prisión preventiva sea cumplida de manera excepcional y provisoria bajo la modalidad de prisión domiciliaria con vigilancia electrónica.

La medida tendrá carácter transitorio y permanecerá vigente únicamente hasta que exista disponibilidad de alojamiento adecuado para la imputada en una dependencia habilitada.

La defensa mantiene una postura conjunta

Fuentes judiciales consultadas indicaron que los imputados negaron los hechos atribuidos y sostuvieron una estrategia defensiva conjunta, manteniendo una versión coincidente frente a las graves acusaciones.

La causa continúa en etapa de investigación y las medidas dispuestas podrán ser revisadas conforme avance el expediente y se incorporen nuevos elementos de prueba.

Las penas posibles: entre una estimación mínima y un máximo legal teórico

De acuerdo con las escalas penales previstas para los delitos imputados y las reglas del concurso real establecidas en el artículo 55 del Código Penal, la eventual pena dependerá de la calificación definitiva que adopte la Justicia y de los hechos que puedan ser acreditados durante el proceso.

En términos estrictamente teóricos y bajo las calificaciones actualmente atribuidas, la sumatoria de las escalas podría partir de una pena mínima estimada de 6 años de prisión, mientras que el máximo legal aplicable podría alcanzar los 50 años.

Sin embargo, esa proyección no constituye una pena impuesta ni anticipa una eventual condena, ya que cualquier sanción deberá ser definida en una instancia judicial posterior, luego de la producción y valoración integral de las pruebas.

Una causa que expone posibles fallas institucionales

El expediente no solo investiga la presunta responsabilidad penal de los adultos procesados, sino que también plantea interrogantes sobre la actuación de los organismos encargados de detectar situaciones de vulnerabilidad, la aplicación de los protocolos de deserción escolar y la posible intervención —o falta de intervención— de las instituciones y del entorno cercano.

Mientras la investigación avanza, la prioridad judicial y estatal deberá centrarse en la protección integral, recuperación y restitución de derechos de los dos niños, quienes se encuentran bajo resguardo luego de haber sido rescatados.