El debate por el pedido de endeudamiento de hasta 600 millones de dólares vuelve a instalar una discusión que no puede reducirse a una simple consigna: “Santa Cruz necesita obras”.

Nadie puede negar que la provincia necesita infraestructura. Las deficiencias en rutas, viviendas, servicios, sistemas de agua, obras hidráulicas y distintos sectores urbanos son una realidad que requiere respuestas. Pero reconocer esa necesidad no significa otorgar un cheque en blanco ni aceptar que el endeudamiento sea, por sí solo, la solución.

La pregunta central no es solamente si Santa Cruz necesita obras, sino también:

¿Qué obras se van a realizar? ¿Dónde? ¿Con qué estudios técnicos? ¿Cuál será el costo de cada proyecto? ¿Qué organismo controlará la ejecución? ¿Qué garantías existen de que los recursos no terminarán financiando obras mal planificadas, demoradas o inconclusas? ¿Cómo se pagará una deuda de semejante magnitud?

Hasta que esas respuestas sean claras, públicas y verificables, resulta razonable sostener una posición firme:

NO AL ENDEUDAMIENTO SIN CONTROL, SIN PLANIFICACIÓN Y SIN FUNDAMENTOS REALES

El Gobierno provincial plantea que el crédito es necesario para financiar obras estructurales y responder a las consecuencias de temporales, inundaciones y problemas de infraestructura que afectan a distintas localidades.

Sin embargo, las emergencias climáticas también dejaron expuestas deficiencias que obligan a revisar la planificación de obras ya ejecutadas o actualmente en desarrollo.

En ese contexto, resulta inevitable poner la mirada sobre el funcionamiento del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), principal organismo provincial encargado de una parte fundamental de la planificación y ejecución de obras habitacionales y de infraestructura.

Si existen cuestionamientos sobre demoras, obras paralizadas, modificaciones de costos, dificultades en la ejecución o problemas de planificación, el Gobierno no puede pretender que la discusión se limite a solicitar más dinero.

Porque el problema no siempre es únicamente la falta de recursos.

También importa —y mucho— cómo se administran los recursos existentes, cómo se planifican las obras, qué controles se realizan y qué resultados obtiene el Estado con el dinero público.

MÁS DINERO NO GARANTIZA MEJORES OBRAS

La experiencia demuestra que disponer de mayores recursos no garantiza automáticamente mejores resultados.

Una obra mal planificada puede terminar costando más de lo previsto. Una licitación sin controles suficientes puede derivar en demoras y modificaciones. Un proyecto ejecutado sin estudios técnicos adecuados puede generar problemas posteriores que obliguen a realizar nuevas inversiones.

Por eso, antes de solicitar una deuda de hasta 600 millones de dólares, el Gobierno provincial debería presentar un plan integral, detallado y verificable.

La sociedad necesita conocer:

• El listado completo de las obras previstas.
• La localidad donde se ejecutará cada proyecto.
• El presupuesto estimado de cada obra.
• Los plazos de ejecución.
• Los estudios técnicos realizados.
• Los mecanismos de licitación y contratación.
• Los organismos responsables.
• Los sistemas de auditoría y control.
• El origen y las condiciones del financiamiento.
• La tasa de interés.
• Los plazos de pago.
• El impacto que tendrá la deuda sobre las cuentas provinciales.

Sin esta información, el pedido de endeudamiento corre el riesgo de transformarse en una autorización general para comprometer recursos futuros sin que exista un conocimiento preciso sobre el destino de los fondos.

EL IDUV DEBE DAR EXPLICACIONES

El debate por la deuda también vuelve a poner en discusión el funcionamiento del IDUV.

El organismo tiene una responsabilidad central en la política habitacional y en la ejecución de obras públicas. Por ese motivo, cualquier dificultad vinculada con la planificación, el avance, la calidad o el control de los proyectos debe ser analizada con seriedad.

No se trata de cuestionar la necesidad de construir viviendas o realizar infraestructura. Se trata de exigir que las obras se planifiquen correctamente, se ejecuten en tiempo y forma y respondan a las necesidades reales de la población.

Las situaciones registradas en distintos sectores, sumadas a los problemas derivados de las lluvias, inundaciones y deshielos, obligan a revisar aspectos esenciales:

¿Se realizaron los estudios de suelo necesarios?

¿Se evaluaron correctamente las condiciones hídricas de los terrenos?

¿Las obras de drenaje fueron planificadas de acuerdo con las características de cada zona?

¿Los proyectos cuentan con controles técnicos suficientes?

¿Qué evaluación realiza el Gobierno sobre las obras ejecutadas durante su propia gestión?

Estas preguntas no constituyen un ataque político. Son interrogantes legítimos frente a la posibilidad de que Santa Cruz asuma una deuda de hasta 600 millones de dólares.

Si la principal entidad provincial vinculada al desarrollo urbano y la vivienda presenta dificultades operativas, demoras o cuestionamientos sobre la ejecución de obras, primero deben fortalecerse la planificación, la capacidad técnica y los mecanismos de control.

No resulta razonable aumentar de manera extraordinaria la disponibilidad de recursos sin garantizar previamente que el Estado pueda administrarlos con eficiencia, transparencia y responsabilidad.

EL ENDEUDAMIENTO NO PUEDE SER UN CHEQUE EN BLANCO

Tomar deuda no es gratis.

Una deuda de esta magnitud compromete recursos públicos durante años y puede afectar la capacidad financiera de futuras administraciones.

Por eso, el debate no debe plantearse como una falsa elección entre “querer obras” o “estar en contra del desarrollo”.

Se puede apoyar la realización de obras y, al mismo tiempo, exigir transparencia.

Se puede reconocer la necesidad de infraestructura y, al mismo tiempo, cuestionar un endeudamiento que no cuente con información suficiente.

Se puede reclamar soluciones para las inundaciones y, al mismo tiempo, pedir que se investiguen las causas de los problemas y se evalúe la planificación de las obras existentes.

La verdadera discusión es otra:

¿Está Santa Cruz en condiciones de asumir una deuda de hasta 600 millones de dólares sin conocer públicamente y en detalle el destino de cada dólar?

La respuesta debería ser clara:

No.

PRIMERO AUDITORÍA, DESPUÉS ENDEUDAMIENTO

Antes de avanzar con una autorización de semejante magnitud, resulta necesario realizar una evaluación integral de la obra pública provincial.

El Gobierno debería presentar informes públicos sobre:

• Estado de las obras en ejecución.
• Obras paralizadas.
• Grado de avance físico y financiero.
• Recursos ejecutados.
• Modificaciones presupuestarias.
• Cumplimiento de plazos.
• Situación contractual de cada proyecto.
• Evaluación técnica de las obras afectadas por contingencias climáticas.
• Resultados de auditorías internas y externas.

La transparencia no debe aparecer después de aprobar la deuda.

Debe ser una condición previa.

La provincia necesita conocer qué ocurrió con los recursos administrados hasta el momento, cuáles fueron los resultados de la gestión actual y qué capacidad real tienen los organismos provinciales para ejecutar nuevas obras.

Sin auditorías, sin informes técnicos y sin mecanismos de control independientes, el endeudamiento puede transformarse en una carga financiera sin garantías de resultados.

SANTA CRUZ NECESITA OBRAS, PERO TAMBIÉN PLANIFICACIÓN

Las necesidades de infraestructura son reales.

Hay localidades que requieren obras de agua, saneamiento, viviendas, rutas, drenajes y servicios esenciales.

Pero las soluciones no pueden basarse únicamente en tomar deuda.

Es necesario construir una política de infraestructura con:

• Planificación territorial.
• Estudios técnicos previos.
• Prioridades definidas.
• Presupuestos transparentes.
• Licitaciones públicas.
• Control ciudadano.
• Auditorías independientes.
• Seguimiento permanente.
• Información pública accesible.
• Evaluación de resultados.

La obra pública no debe medirse solamente por anuncios, montos asignados o cantidad de convenios firmados.

Debe medirse por obras terminadas, servicios funcionando y soluciones concretas para la población.

UNA DEUDA DE 600 MILLONES EXIGE RESPONSABILIDAD

El Gobierno de Claudio Vidal tiene la obligación de explicar por qué se requiere un crédito de semejante dimensión y cuáles serán las garantías de transparencia.

No alcanza con afirmar que la provincia necesita inversión.

También es necesario demostrar:

Por qué se necesita ese monto.

Cómo se determinó.

Qué obras se financiarán.

Qué estudios respaldan cada proyecto.

Qué mecanismos impedirán sobreprecios, demoras o modificaciones injustificadas.

Cómo se pagará la deuda.

Qué impacto tendrá sobre las finanzas provinciales.

Mientras estas respuestas no estén disponibles, la autorización de un endeudamiento de hasta 600 millones de dólares debe ser analizada con extrema prudencia.

 

Santa Cruz necesita infraestructura, desarrollo y obras que mejoren la calidad de vida.

Pero también necesita un Estado eficiente, organismos que funcionen correctamente, planificación técnica, transparencia y controles reales.

Si el IDUV, como principal organismo provincial vinculado a la política habitacional y a la obra pública, enfrenta cuestionamientos sobre el funcionamiento, la ejecución o la planificación, la prioridad debe ser corregir esas deficiencias antes de ampliar de manera extraordinaria la capacidad de endeudamiento.

La falta de recursos puede ser parte del problema.

Pero la falta de planificación, control y eficiencia también puede serlo.

Por eso, la discusión no debe ser:

“Obras sí o endeudamiento no”.

La discusión debe ser:

“OBRAS SÍ, PERO CON PLANIFICACIÓN, TRANSPARENCIA Y CONTROL.”

“DESARROLLO SÍ, PERO SIN HIPOTECAR EL FUTURO DE SANTA CRUZ.”

“NO AL ENDEUDAMIENTO SIN FUNDAMENTOS REALES, SIN AUDITORÍAS Y SIN GARANTÍAS DE QUE LOS RECURSOS SERÁN ADMINISTRADOS CORRECTAMENTE.”