La pregunta es inevitable: ¿qué ocurre cuando quienes deberían garantizar que la ayuda llegue a los que más la necesitan terminan utilizando, desviando o administrando irregularmente esos recursos?

Si se comprueba que funcionarios o personas vinculadas a la estructura estatal retiraron o sustrajeron módulos alimentarios destinados a beneficiarios, estamos frente a una situación gravísima. No se trata simplemente de una caja de alimentos. Detrás de cada módulo hay una familia que espera asistencia, un niño que necesita comer y recursos públicos que fueron presupuestados precisamente para atender una necesidad social.

Lo mismo ocurre con las tarjetas sociales. Si una tarjeta asignada a un beneficiario termina siendo utilizada por otra persona, o si existen beneficiarios que ni siquiera saben que figuran como destinatarios de determinados beneficios, la situación exige una investigación seria, documentada y transparente. El Estado no puede administrar la pobreza como si fuera una caja chica.

Y hay otro punto todavía más preocupante: los reiterados intentos de reducir, condonar o “perdonar” consecuencias económicas frente a determinadas infracciones o irregularidades.

Porque si cada vez que aparece una multa, una deuda, un perjuicio económico o una posible responsabilidad se busca una salida para que nadie pague, el mensaje que recibe la sociedad es devastador: al ciudadano común se le exige cumplir; al funcionario, aparentemente, se le busca una excepción.

Eso destruye la confianza pública.

No alcanza con decir que “se está trabajando”, que “la situación es compleja” o que “se heredaron problemas”. Gobernar significa hacerse cargo. Administrar recursos públicos significa rendir cuentas. Y ocupar un cargo público significa aceptar que las decisiones serán controladas por la sociedad.

Si existen denuncias sobre alimentos, tarjetas sociales, beneficios que no llegan a sus verdaderos destinatarios, multas que se intentan perdonar o perjuicios económicos que terminan siendo absorbidos por el Estado, la respuesta no puede ser el silencio ni la justificación permanente.

Debe haber expedientes, auditorías, controles, responsables identificados y explicaciones públicas.

Y si las investigaciones determinan que hubo delitos, deberán actuar los organismos competentes y la Justicia. Sin protección política, sin privilegios y sin operaciones para salvar a nadie.

Porque el problema de fondo no es solamente cuánto dinero se perdió.

El verdadero problema es qué clase de Estado estamos construyendo cuando quienes administran los recursos de los sectores más vulnerables terminan siendo sospechados de beneficiarse de ellos.

La función pública no es un privilegio. Es una responsabilidad.

Y cuando esa responsabilidad se incumple, no corresponde justificar lo mal que se está trabajando: corresponde corregir, investigar y, cuando corresponda, sancionar.

La sociedad está cansada de escuchar explicaciones.

Quiere saber dónde están los recursos, quién los administró, quién los recibió, quién se benefició y quién va a responder.

Porque los recursos públicos no tienen dueño particular.

Son de todos. Y quien los administra debe entender que algún día tendrá que rendir cuentas.