La comunidad pasiva de Caleta Olivia ha construido su historia sobre la base del reclamo pacífico, el respeto y la perseverancia. Siempre han sabido exigir lo que les corresponde sin romper los códigos elementales de la convivencia urbana. Sin embargo, frente a una comunidad educada que solo busca ser escuchada en medio de una crisis sanitaria feroz, la respuesta de quienes ocupan bancas públicas ha sido la prepotencia, la desinformación y una alarmante falta de empatía.

Hoy, los afiliados de PAMI en Santa Cruz atraviesan un escenario crítico:

• Falta crónica de medicamentos esenciales.
• Cortes en la atención médica y especialistas.
• Ausencia total de respuestas administrativas.

Llegar a la delegación para pedir soluciones y encontrarse con el destrato es inadmisible. No se requiere un manual de gestión pública para entender cómo se debe tratar a un ser humano; independientemente de la función o el cargo que se ejerza, el respeto es un piso mínimo, no un favor. El comportamiento de los abuelos de Caleta Olivia demostró, una vez más, que la educación y la altura moral permanecen del lado de los reclamantes, mientras que el poder político se encierra en una burbuja de soberbia.

Este malaccionar oficial no solo vulnera el sentido común, sino que viola marcos jurídicos obligatorios:

• Ley Nacional N° 27.360: Que ratifica la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
• Ley Provincial N° 2.669: Que garantiza la Protección Integral de los Adultos Mayores en Santa Cruz.

Las leyes están para cumplirse y las autoridades para servir, no para ser servidas. El repudio a esta actitud debe ser total. Acompañar a nuestros jubilados en este momento es un deber ciudadano para recuperar el diálogo, la educación y la dignidad que la política parece haber olvidado.