PICO TRUNCADO.— La discusión sobre los controles toxicológicos en la función pública no debería reducirse a una cuestión partidaria ni transformarse en una disputa personal entre dirigentes. En el fondo, plantea una pregunta mucho más importante: ¿qué herramientas necesita hoy la Administración Pública truncadense para fortalecer la transparencia, la responsabilidad y la confianza de los vecinos?

El proyecto de ordenanza presentado en septiembre de 2025 propone avanzar justamente en esa dirección mediante controles toxicológicos obligatorios, periódicos y aleatorios para funcionarios municipales. La iniciativa plantea que los controles se realicen mediante procedimientos técnicos y que los resultados positivos sean sometidos a métodos confirmatorios.

Pero la verdadera importancia de una herramienta de estas características está en algo más amplio: establecer un mecanismo institucional de control que sea permanente, objetivo y aplicable bajo reglas previamente conocidas.

La Administración Pública administra recursos, toma decisiones, ejecuta políticas y presta servicios que impactan directamente sobre la vida cotidiana de los vecinos. Por eso, todo instrumento que busque fortalecer la idoneidad y la responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas merece ser discutido con seriedad, sin prejuicios y con absoluto respeto por el orden jurídico.

El proyecto, además, no parte de cero. Pico Truncado ya cuenta con antecedentes normativos vinculados con la ética y la transparencia en la función pública. La Ordenanza HCD Nº 1284/2006 creó un Código de Ética y Transparencia para quienes desempeñan funciones públicas municipales, mientras que la Ordenanza MPT Nº 1981/2021 incorporó el concepto de “Ficha Limpia” para determinadas situaciones de inhabilitación.

Por eso, la discusión actual puede ser entendida como un paso más dentro de una política de fortalecimiento institucional.

NO SE TRATA SOLAMENTE DE CONTROLAR: SE TRATA DE PREVENIR

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es que plantea controles periódicos y aleatorios, evitando que el mecanismo dependa exclusivamente de una sospecha puntual o de una decisión política circunstancial.

Eso es importante.

Una herramienta de control verdaderamente institucional debe tener reglas generales, procedimientos objetivos y garantías para todos.

El proyecto también contempla que los resultados sean tratados como información sensible y establece expresamente su carácter confidencial.

Esto permite introducir una diferencia fundamental: transparencia institucional no significa exposición pública de la intimidad de una persona.

La sociedad tiene derecho a exigir controles sobre quienes administran lo público, pero esos controles deben desarrollarse respetando las garantías individuales.

UNA ADMINISTRACIÓN MODERNA NECESITA INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

El Estado municipal del siglo XXI no puede funcionar únicamente sobre la base de declaraciones de buena voluntad.

Necesita procedimientos.

Necesita registros.

Necesita controles.

Necesita mecanismos de evaluación.

Y necesita organismos capaces de verificar que las reglas efectivamente se cumplan.

En ese sentido, la creación de una comisión de seguimiento prevista originalmente por el proyecto apunta a generar una estructura institucional destinada a supervisar la aplicación del régimen, realizar sorteos aleatorios y producir información estadística preservando la identidad de los agentes.

Ese concepto es particularmente relevante: que el control no quede concentrado exclusivamente en quien gobierna de turno.

Porque una buena herramienta de transparencia debe servir hoy, mañana y también cuando cambie el signo político del gobierno municipal.

EL OBJETIVO DEBE SER QUE LAS REGLAS SOBREVIVAN A LOS GOBIERNOS

La verdadera fortaleza de una política pública no se mide solamente por quién la propone.

Se mide por su capacidad para permanecer vigente cuando cambian las autoridades.

Por eso, cualquier régimen de control destinado a la Administración Pública truncadense debe construirse sobre principios de objetividad, igualdad, confidencialidad, debido proceso, rigor técnico y respeto irrestricto de las competencias constitucionales.

El proyecto ya incorpora elementos importantes en esa dirección, como la posibilidad de una contraprueba y el reconocimiento del derecho de defensa.

Es precisamente allí donde debe estar la discusión seria: no en si el Estado debe controlar, sino en cómo debe controlar para que el mecanismo sea legítimo, eficaz y jurídicamente sostenible.

PICO TRUNCADO NECESITA MÁS HERRAMIENTAS DE CONTROL, NO MENOS

La confianza ciudadana no se construye solamente con discursos.

Se construye cuando los vecinos saben que existen reglas y que esas reglas alcanzan a todos.

Una Administración Pública transparente debe poder demostrar que quienes ocupan posiciones de responsabilidad están sometidos a mecanismos institucionales de control y rendición de cuentas.

Por eso, el debate sobre esta iniciativa representa una oportunidad para Pico Truncado.

No para perseguir a nadie.
No para estigmatizar a nadie.
No para convertir una herramienta administrativa en una herramienta política.

Sino para construir una Administración Pública más moderna, responsable y controlable.

El desafío ahora es perfeccionar el proyecto, adecuarlo integralmente al marco constitucional y legal vigente y garantizar que cada procedimiento tenga las suficientes garantías para evitar arbitrariedades.

Porque una herramienta de control solamente tiene verdadero valor cuando controla al funcionario sin convertirse en una herramienta para que el poder controle al funcionario.

Y ese debería ser el punto de partida de cualquier discusión seria sobre transparencia en Pico Truncado:

MÁS CONTROLES, MÁS GARANTÍAS Y MÁS TRANSPARENCIA.

Porque fortalecer las instituciones también significa darles herramientas para controlar, prevenir y rendir cuentas.