RÍO GALLEGOS. El Gobierno de Santa Cruz presentó la reglamentación de la Ley Provincial N.º 3820, una normativa destinada a establecer un sistema integral de promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad.

La medida fue aprobada mediante el Decreto Provincial N.º 0713/2026, firmado el 31 de julio y publicado en el Boletín Oficial el 25 de agosto de 2026. El acto de presentación se realizó en Casa de Gobierno y fue encabezado por el ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Sebastián Georgion, acompañado por el secretario de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, Luis Quiroga, y la subsecretaria de Políticas para Personas con Discapacidad, Alejandra Ulloa.

También participaron integrantes del Gabinete provincial, legisladores, concejales, directivos de escuelas especiales y representantes de distintas localidades vinculados con la temática.

UNA LEY QUE AHORA CUENTA CON UN MARCO REGLAMENTARIO

La Ley 3820 fue sancionada por la Legislatura provincial el 20 de diciembre de 2022 y promulgada parcialmente mediante el Decreto 0048/2023.

Su finalidad es asegurar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, en consonancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporada al ordenamiento argentino mediante las leyes nacionales 26.378 y 27.044.

La reglamentación aprobada en 2026 establece como autoridad de aplicación a la Subsecretaría de Políticas para Personas con Discapacidad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración.

Este organismo tendrá a su cargo la ejecución, supervisión y control del cumplimiento de la ley y de su reglamentación.

Asimismo, el decreto instruye al Ministerio a dictar las resoluciones operativas y complementarias necesarias y a suscribir los convenios correspondientes para avanzar con su implementación.

GEORGION: «NO SOMOS RELATOS, VENIMOS A CUMPLIR LO QUE DIJIMOS QUE ÍBAMOS A HACER»

Durante la presentación, Sebastián Georgion puso el acento en la responsabilidad institucional de convertir las decisiones políticas en herramientas concretas.

«Es fundamental ser consecuente entre lo que proyectamos desde la Cámara de Diputados y lo que implica desde lo presupuestario llevar adelante. Nosotros no somos relatos, venimos a cumplir lo que dijimos que íbamos a hacer», expresó el ministro.

En otra de sus intervenciones, planteó la necesidad de modificar la matriz de intervención del área social y avanzar hacia un esquema que no dependa exclusivamente de la asistencia inmediata.

«Tenemos que institucionalizar, reglamentar y generar leyes que nos permitan hacer una transformación de Desarrollo Social, que la pata fuerte no sea solamente el asistencialismo», sostuvo.

Sus declaraciones reflejan uno de los principales objetivos planteados por la cartera: fortalecer la estructura institucional para que las políticas sociales tengan continuidad, planificación y herramientas de intervención.

EL PRESUPUESTO Y LA ARTICULACIÓN, DOS EJES FUNDAMENTALES

La reglamentación también pone sobre la mesa una cuestión central: los derechos necesitan instrumentos administrativos, recursos y organismos responsables para hacerse efectivos.

En ese contexto, el secretario de Estado Luis Quiroga informó durante el acto que los recursos destinados a situaciones especiales y al área de discapacidad alcanzaban aproximadamente los 900 millones de pesos en lo que iba del año, según sus declaraciones.

El funcionario también remarcó que la atención no debe limitarse a una persona en particular, sino contemplar a niños, adolescentes, adultos y sus familias.

Por su parte, Alejandra Ulloa destacó que la reglamentación fue resultado de un año de trabajo y de un proceso de consenso entre asociaciones, familias y representantes del Estado.

La implementación contempla además la articulación con municipios, el Consejo Provincial de Educación, el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda y otros organismos provinciales.

EL DESAFÍO: QUE LOS DERECHOS LLEGUEN A CADA LOCALIDAD

Uno de los aspectos centrales de la nueva etapa será garantizar que la normativa pueda aplicarse en todo el territorio santacruceño.

La adhesión municipal y la coordinación entre los distintos niveles del Estado serán importantes para evitar que el acceso a derechos dependa del lugar donde vive cada persona.

La reglamentación constituye un avance normativo, aunque su efectividad dependerá de las medidas complementarias, los recursos disponibles, los convenios y la capacidad de ejecución de los organismos responsables.

En ese sentido, el propio ministro planteó que las políticas públicas deben sostenerse en el tiempo y no quedar condicionadas por los cambios de gobierno.

«La inclusión no es de la boca para afuera, la inclusión es a puertas cerradas, cuando realmente tenés que poner el cuerpo», expresó Georgion.

REGLAMENTAR PARA GARANTIZAR

La presentación de la reglamentación de la Ley 3820 abre una nueva etapa para las políticas de discapacidad en Santa Cruz. El desafío institucional será transformar el marco legal en prestaciones, accesibilidad, acompañamiento familiar y oportunidades concretas.

La definición de la autoridad de aplicación, las responsabilidades administrativas y la necesidad de establecer recursos y mecanismos de coordinación constituyen elementos fundamentales para avanzar en ese camino.

Como sintetizó la subsecretaria Alejandra Ulloa durante la presentación:

«Reglamentar es garantizar, es ponerle nombre, presupuesto y responsables a cada artículo».

La inclusión requiere mucho más que declaraciones: necesita planificación, recursos, controles y continuidad institucional.

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