miércoles 18 de noviembre de 2026 - Edición Nº933

LECTORES | 18 nov 2026

Control toxicológico

La transparencia no se defiende con consignas, se construye con legalidad

18:59 |Es importante entender que ninguna iniciativa legislativa queda exenta de cumplir con la Constitución, las leyes vigentes y los principios básicos del derecho por el solo hecho de haber sido aprobada por unanimidad.


Por: Por Franco Omar Quelin

Que cinco concejales hayan acompañado un proyecto no significa que automáticamente sea jurídicamente correcto. La responsabilidad de legislar exige mucho más que reunir votos: requiere fundamentación, técnica legislativa, competencia institucional y garantías para quienes quedan alcanzados por la norma.

El control toxicológico de los funcionarios públicos puede ser un instrumento válido para debatir y fortalecer la responsabilidad en el ejercicio de la función pública. Pero su implementación debe contemplar procedimientos objetivos, confidencialidad, debido proceso, derecho de defensa y rigor técnico.

Por eso, resulta equivocado presentar cualquier observación o veto como una supuesta resistencia a la transparencia o como una falta de voluntad para controlar a los funcionarios.

Una cosa es defender el objetivo de una iniciativa y otra muy distinta es pretender que ese objetivo justifique cualquier procedimiento para alcanzarlo.

Si una ordenanza tiene defectos de redacción, cuestiones de competencia, contradicciones normativas o disposiciones que no se ajustan al orden jurídico, corresponde corregirlas. No hacerlo sería una irresponsabilidad institucional.

La transparencia tampoco puede utilizarse como argumento para descalificar a quien ejerce una facultad institucional prevista en el ordenamiento jurídico. Los fundamentos del veto deben discutirse con fundamentos, no mediante acusaciones personales.

Pico Truncado necesita controles, por supuesto. Pero también necesita concejales que legislen con responsabilidad, funcionarios que administren con transparencia e instituciones que respeten la legalidad.

Porque las buenas intenciones no reemplazan al derecho, la unanimidad no garantiza constitucionalidad y la política no puede estar por encima de las instituciones.

Si queremos una administración pública verdaderamente transparente, empecemos por hacer las cosas bien. La legalidad no es un obstáculo para la transparencia: es su principal garantía.

 

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