Cuatro familias recuperaron la seguridad jurídica sobre sus estancias tras más de una década de espera
21:31 |Claudio Vidal encabezó la firma de las escrituras de cuatro establecimientos rurales cuyos expedientes permanecían sin resolución desde hacía más de diez años. La medida refleja una decisión de gestión orientada a ordenar la situación dominial, reconocer derechos de propiedad y reducir las demoras burocráticas que durante años impidieron a numerosas familias contar con documentación definitiva.
Por: Por Franco Omar Quelin
RÍO GALLEGOS.— Después de años de trámites administrativos, expedientes demorados y gestiones que parecían no encontrar una solución, cuatro familias santacruceñas lograron finalmente acceder a las escrituras de sus establecimientos rurales. El gobernador Claudio Vidal encabezó este miércoles la firma de los títulos correspondientes a las estancias 1° de Mayo, La Esperanza, Las Violetas y La Andina.
Los establecimientos pertenecen a las familias Victoria, Forchiassin, Layana y Morales, respectivamente. La resolución representa mucho más que la finalización de un trámite administrativo: significa seguridad jurídica, reconocimiento formal de los derechos de propiedad y tranquilidad para familias que durante años esperaron una respuesta del Estado.
Entre los casos más significativos se encuentra el de Baldomero Carlos Layana, cuyo expediente permaneció pendiente durante 11 años, principalmente por dificultades relacionadas con la mensura del establecimiento. Su familia mantiene una historia de arraigo en esas tierras desde 1931.
Por su parte, Mónica Graciela Morales explicó que debió esperar más de 17 años para regularizar la situación dominial de la parcela donde vive su familia desde hace aproximadamente tres décadas.
Son historias que reflejan una problemática que excede a cuatro establecimientos: la dificultad de acceder a documentación definitiva sobre propiedades cuya situación administrativa llevaba años sin resolverse.
GESTIONAR PARA RESOLVER: EL ESTADO COMO HERRAMIENTA DE SEGURIDAD JURÍDICA
La firma de las escrituras fue posible mediante un trabajo coordinado entre la Escribanía Mayor de Gobierno, el Consejo Agrario Provincial, el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) y el Registro de la Propiedad Inmueble.
Durante el acto participaron la ministra de Gobierno, Belén Elmiger; el ministro de Desarrollo, Igualdad e Integración, Sebastián Georgion; y la escribana Mayor de Gobierno, Bárbara Silvana De Cristofaro.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la regularización responde a una decisión política de agilizar expedientes y resolver situaciones que permanecieron durante años sin una respuesta definitiva.
La importancia de esta intervención está en comprender que la gestión pública no debe limitarse a administrar expedientes: debe generar condiciones para que los derechos puedan ejercerse efectivamente.
Cuando una familia espera 11 o 17 años por una escritura, el problema no es solamente burocrático. También existe una demora en el acceso a la seguridad jurídica que condiciona la planificación familiar, la transmisión del patrimonio y las posibilidades de organizar inversiones y proyectos productivos.
LA PROPIEDAD PRIVADA COMO BASE DEL DESARROLLO
El acceso a un título de propiedad constituye una herramienta fundamental para consolidar la seguridad jurídica.
La escritura permite acreditar formalmente la titularidad de un inmueble y brinda previsibilidad sobre el patrimonio familiar. También facilita las operaciones legales vinculadas con la propiedad, su transmisión hereditaria y, cuando corresponda, las posibilidades de acceder a instrumentos de financiamiento.
En el ámbito rural, esta seguridad adquiere una dimensión adicional: la tierra no representa solamente un patrimonio familiar, sino también una unidad productiva, una fuente de trabajo y una oportunidad para desarrollar actividades económicas.
Por eso, reconocer y regularizar la propiedad privada no debe entenderse únicamente como una formalidad registral. También forma parte de una política de ordenamiento territorial, fortalecimiento productivo y previsibilidad para quienes desarrollan actividades en el campo santacruceño.
Una provincia que busca producir, invertir y generar empleo necesita reglas claras, derechos reconocidos y un Estado que resuelva los trámites pendientes.
UN DESAFÍO QUE TODAVÍA ALCANZA A CIENTOS DE ESTABLECIMIENTOS
La medida adquiere mayor relevancia al observar la dimensión del trabajo que todavía queda por delante.
En enero de 2026, el presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, había informado que existían alrededor de 270 estancias con trámites de escrituración pendientes.
En ese momento, el organismo anunció que avanzaría con notificaciones, verificaciones territoriales y tareas de ordenamiento para regularizar la situación dominial de esos establecimientos.
Esto permite dimensionar que la firma de las cuatro escrituras constituye un avance concreto, pero también una primera parte de un desafío administrativo mucho más amplio.
La continuidad de esta política será fundamental para que otras familias puedan acceder a la documentación que necesitan y para que la regularización de tierras se convierta en un proceso sostenido en toda la provincia.
VIDAL Y UNA POLÍTICA DE ORDENAMIENTO QUE BUSCA RESULTADOS CONCRETOS
La regularización de las estancias se inscribe dentro de una línea de trabajo que el gobernador Claudio Vidal viene planteando como parte del reordenamiento del Estado provincial.
En su discurso de apertura del período legislativo de marzo de 2026, el mandatario anunció un proceso de regularización dominial que proyectaba alcanzar más de 2.000 títulos de propiedad.
La iniciativa comprende no solamente establecimientos rurales, sino también terrenos y viviendas, con el propósito de brindar seguridad jurídica a miles de familias santacruceñas.
Este enfoque tiene una dimensión institucional importante: un Estado eficiente no es aquel que acumula expedientes, sino el que tiene capacidad para resolverlos, garantizar derechos y establecer procedimientos claros.
La propiedad privada, el ordenamiento de las tierras fiscales y la regularización dominial son componentes de una política pública que debe desarrollarse con transparencia, igualdad de oportunidades y pleno respeto por las normas vigentes.
UNA ESCRITURA PUEDE SER EL FINAL DE UNA ESPERA, PERO TAMBIÉN EL COMIENZO DE UNA NUEVA ETAPA
Para las cuatro familias beneficiarias, la firma representa el cierre de años de incertidumbre. Para el Gobierno provincial, constituye una muestra concreta de que la coordinación entre organismos y la decisión de avanzar sobre expedientes pendientes pueden traducirse en soluciones.
El desafío ahora será sostener el ritmo de regularización, revisar los trámites que todavía permanecen pendientes y garantizar que los derechos de otras familias no queden nuevamente atrapados en demoras administrativas.
Santa Cruz necesita una administración que valore el trabajo, la producción, el arraigo y la propiedad privada. Necesita instituciones que acompañen a quienes producen y que brinden seguridad jurídica a quienes construyen su futuro en la provincia.
Porque detrás de cada escritura hay una historia familiar, años de esfuerzo y un derecho que merece ser reconocido. Y cuando la gestión pública consigue transformar un expediente olvidado en una solución concreta, el Estado vuelve a cumplir una de sus funciones esenciales: dar respuestas a la sociedad.
truncadoaldia.com | Periodismo independiente. La realidad de Santa Cruz, primero.